Sanidad e Interior mejorarán la atención de los reclusos drogodependientes
 

14.02.2005
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, y el ministro del Interior, José Antonio Alonso, firmaron este lunes un protocolo de colaboración para mejorar la atención integral de la población penitenciaria drogodependiente y fomentar su reinserción sociolaboral, que tendrá una vigencia de un año.

 


 

 


En rueda de prensa, Salgado subrayó la importancia de que todas las Administraciones "aúnen esfuerzos para asegurar la máxima coordinación y eficacia en la lucha contra la droga" y destacó que este protocolo responde al compromiso del Gobierno de abordar la drogadicción desde un punto de vista socio-sanitario.

"Mejorar la calidad de la atención prestada en el ámbito penitenciario a las personas internas que son drogodependientes ocupa un lugar muy importante en las líneas prioritarias del Plan Nacional sobre Drogas", dijo la ministra.

En la misma línea, Alonso recordó que para el Gobierno y para el Ministerio del Interior "es una prioridad la reinserción y reeducación de quienes cumplen condenas en instituciones penitenciarias. Por eso es importante que los internos que padecen alguna drogodependencia dispongan de programas de tratamiento, deshabituación y atención especializada".

Alonso insistió en que "las estadísticas y la experiencia demuestran que la actividad delictiva disminuye cuando los drogodependientes están en tratamiento, a la vez que se incrementan sus posibilidades de integración social".

La ministra también puso de manifiesto "el importante papel que desempeñan las prisiones en la prevención de las enfermedades infecciosas, la educación para la salud, las políticas de reducción de daños y el tratamiento y posterior reincorporación social de las personas drogodependientes".

El protocolo firmado hoy permitirá disponer de instrumentos para conocer con mayor exactitud la magnitud y patrón actual del consumo de drogas en las prisiones, potenciará la formación continuada de los funcionarios en las Instituciones Penitenciarias sobre esta realidad y reforzará el trabajo en equipo, la organización de recursos y el abordaje multidisciplinar.

El punto central de este protocolo consiste en hacer un seguimiento y una evaluación de los programas de intervención y tratamiento que se están llevando a cabo para la posterior integración social de los reclusos.

"En este aspecto -añadió la ministra- adquieren una especial relevancia las acciones orientadas a la continuación de los tratamientos, una vez que el interno ha obtenido grados penitenciarios de semilibertad. Y también, cuando una vez en libertad, debe integrarse en la sociedad".

En el marco del presente protocolo, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se compromete a desarrollar bien directamente o en colaboración con otras Direcciones Generales del departamento y con las Comunidades Autónomas, a través de los Plantes Autonómicos sobre Drogas, una serie de actividades.

Entre las mismas figuran colaborar en la formación de funcionarios de Instituciones Penitenciarias en materia de drogodependencias y educación para la salud y realizar un estudio de patrones de consumo y conductas de riesgo entre la población que ingresa en prisión.

Además, destaca la colaboración en la mejora del sistema de información en materia de drogodependencias en los centros penitenciarios y la puesta en marcha de nuevos programas de prevención y educación para la salud, de reducción de daños y riesgos y de tratamiento de las drogodependencias en centros penitenciarios.

Mejorar los recursos de reinserción social para internos en tratamiento en situación de permisos o en libertad (tercer grado), también figura entre las actuaciones del Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el Ministerio del Interior se compromete a facilitar la asistencia de profesionales de la Institución Penitenciaria a las actividades formativas y reuniones y coordinará a nivel central y facilitará en cada centro penitenciario el estudio del consumo de drogas en la población que ingresa en prisión.

También colaborará en el diseño y facilitará la implementación del Sistema de Información en drogodependencias en los centros penitenciarios.

A su vez, desarrollará los programas de prevención, de reducción de daños y riesgos y de tratamiento mediante los equipos de profesionales de los centros penitenciarios y establecerá la coordinación necesaria para derivar a recursos de incorporación social a internos drogodependientes en tratamiento, que son progresados a tercer grado y disfrutan de permisos a recursos de incorporación social.

Para el desarrollo de estas acciones de forma coordinada entre todas las entidades que trabajan en el campo de las toxicomanías, y especialmente entre los planes autonómicos sobre Drogas, se suscribirán acuerdos específicos con las Comunidades Autónomas.

Este protocolo entrará en vigor a partir de hoy y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, pudiendo ser prorrogado por voluntad de ambas partes.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, promoverá acuerdos con las Comunidades Autónomas, a través de los planes autonómicos sobre drogas, y para ello aportará un total de 300.000 euros.

Asimismo, se establece una comisión de seguimiento, formada por miembros de ambos departamentos, con el fin de evaluar las acciones que en él se establecen.

Por último, la ministra de Sanidad y Consumo anunció la firma de otro convenio de colaboración con el Ministerio del Interior este mismo año, a través de la Secretaría para el Plan Nacional del Sida, para prevenir el VIH/Sida en los centros penitenciarios.

Para el desarrollo de este convenio, Sanidad aportará un total de 750.000 euros a lo que se añadirán las cantidades que aporten las Comunidades Autónomas.