¿Qué es el trabajo en beneficio de la comunidad?
Son trabajos que se imponen al condenado y que está
obligado a realizar si los acepta. Los trabajos en beneficio de la comunidad son penas que
sustituyen a las de arresto de fin de semana y al impago de
la multa.
Así una jornada de trabajo sustituiría a 1 día de condena a
privación de libertad que a su vez equivale a 2 cuotas diarias
de la multa no satisfechas; por su parte, cada día de
arresto equivaldría a 2 días de trabajo para la
comunidad.
La actividad no será retribuida y su
duración no podrá ser superior a 8 horas diarias ni inferior
a 4.
La finalidad de esta sanción es compensar a la
sociedad por el daño que el penado ha causado a la misma
por lo que consiste en realizar actividades de utilidad pública,
de interés social y / o valor educativo.
Al condenado se le asignará la actividad o trabajo
para el que se le considere más capacitado teniendo en cuenta su
cualificación, sus circunstancias y su propia personalidad y sin
que en ningún caso este trabajo pueda atentar contra su
dignidad.
Así, los servicios sociales penitenciarios entrevistarán al
penado para conocer sus características personales, su capacidad
laboral y el entorno social, personal y familiar, con el fin de
determinar la actividad más adecuada.
En esta entrevista se le ofertarán las distintas plazas
existentes con indicación expresa de las funciones a
desempañar y del horario en que debe desarrollarlas.
Para hacer compatible en la medida de lo posible el
normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el
cumplimiento de estos trabajos, podrá autorizarse por el Juez o
Tribunal el cumplimiento de los trabajos de forma partida en el
mismo o diferentes días y en períodos mínimos de 2 horas cuando
exista una causa justificada.
La ejecución de la actividad se desarrolla bajo la
vigilancia del juez.
Al penado se le retribuirán los gastos de transporte y
manutención salvo que tales servicios sean prestados por
la entidad para la que se prestan los servicios.
Mientras dure la realización de estos trabajos en beneficio
de la comunidad, el penado estará protegido por la normativa de
la Seguridad Social que le sea de aplicación y
concretamente por la de seguridad e higiene en el trabajo.
La pena de multa
Es una sanción económica que consiste en la obligación de
pagar cierta cantidad de dinero al día durante el
tiempo que se establezca en la sentencia; a este sistema se le
llama de 'días-multa'.
La duración de esta pena oscila entre 5 días y 2 años;
sin embargo, este límite no se aplica cuando la pena de multa se
impone en sustitución de otra
clase de pena (por ejemplo de arrestos de fines de semana)
El importe de la cuota diaria mínima es de 1,20
€ (200 Ptas.) y la máxima de 300,51 € (50.000 Ptas.) dependiendo
de la situación económica del obligado al pago.
La cuantía de la multa se calculará, por tanto, multiplicando
el tiempo de duración impuesto por el importe diario que en cada
caso se establezca. A efectos del cómputo del tiempo, se
entiende que los meses tienen 30 días y que el año 360.
Si el condenado se niega a cumplir la pena de multa, se le
condenará además, a cumplir un día de arresto por cada 2
cuotas-día que no haya abonado.
Esta pena puede cumplirse en régimen de arrestos o
mediante trabajos en beneficio de la comunidad.
En cualquier caso, un abogado podrá ofrecer asesoramiento
sobre todas estas cuestiones a la vista de las peculiaridades
que presente cada supuesto concreto.
Por último:
1.3.2. Pena de muerte
La
pena capital o pena de muerte
consiste en la ejecución de un condenado por
parte del Estado, como castigo por un delito
establecido en la legislación; los delitos a los
cuales se aplica esta sanción penal suelen
denominarse crímenes o delitos
capitales.
La ejecución de criminales y disidentes
políticos ha sido empleada por casi todas las
sociedades en un momento u otro de su historia,
tanto para castigar el crimen como para suprimir
la disensión política. Actualmente el uso de la
pena de muerte ha sido abolido en casi todos los
países europeos (excepto Bielorrusia), y la
mayoría de los correspondientes a Oceanía (como
Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental). En
América, Canadá y la mayoría de países
latinoamericanos han abolido completamente la
pena de muerte, mientras que los Estados Unidos
de América, Guatemala y la mayoría de los
estados del Caribe la mantienen en vigor, y
Brasil la contempla como castigo en situaciones
excepcionales, como por ejemplo para castigar la
traición cometida en tiempo de guerra. En Asia
la pena de muerte está permitida en democracias
como Japón e India. En África, se aplica aún la
pena de muerte en democracias como Botswana y
Zambia.
En
muchos países donde aún se aplica la pena de
muerte, se la reserva como castigo para crímenes
de asesinato, espionaje, traición, o como parte
del Derecho militar. En algunos países se aplica
también para castigar delitos sexuales, siendo
considerados como tales el adulterio o la
sodomía. También se castiga con pena de muerte
en otros países la apostasía, la renuncia formal
a la propia religión. En muchas naciones
retencionistas (es decir, países que aún
aplican la pena de muerte), el narcotráfico es
también susceptible de ser castigado con la pena
de muerte. En China, el tráfico de personas y
los casos graves de corrupción política son
castigados con la pena de muerte. En algunos
países la pena de muerte se utiliza por motivos
políticos, con la máxima difusión posible, como
escarmiento de masas: en 2007 en Corea
del Norte el director de una empresa fue
ejecutado públicamente en un estadio deportivo,
ante 150.000 personas
como castigo por haber realizado
llamadas telefónicas al extranjero.
En las
fuerzas armadas de todo el mundo, las cortes
marciales y consejos de guerra han aplicado la
pena capital en delitos de cobardía, deserción,
insubordinación y motín.
El
tema de la pena de muerte es muy controvertido.
Los partidarios de la misma argumentan que su
aplicación reduce el delito, previene su
repetición y es una forma de castigo adecuada
para el asesinato. Los detractores argumentan
que no reduce el crimen en mayor medida que la
cadena perpetua, resulta una violación de los
derechos humanos, conduce a ejecuciones de
algunos inocentes y supone una discriminación de
hecho contra las minorías y los pobres que
puedan no tener recursos suficientes en el
sistema legal.
Según
el informe anual de ejecuciones judiciales de
Amnistía Internacional, en el año 2003 fueron
ejecutadas al menos 1.146 personas en 28 países.
El 84% de las muertes documentadas ocurrieron en
cuatro países: la República Popular China llevó
a cabo 726 ejecuciones, Irán mató a 108
personas, Estados Unidos a 65 y Vietnam a 64. La
última nación en abolir la pena de muerte para
todos los crímenes ha sido Albania, a principios
del 2007.
