Isla Luna, fantasía o realidad

Históricamente, la colonización de nuevas tierras ha enfrentado a las civilizaciones, exaltando a unas y oprimiendo a otras, hasta que las más poderosas lograron expandirse por los cinco continentes. Hoy en día, el mundo está prácticamente repartido, organizado en naciones-estado, salvo algunas identidades nacionales, como los palestinos o los saharauis, que, aún reivindicando sus tierras durante años, no han conseguido recuperar sus estados. Por lo demás, y en la sociedad occidental, las ansias por descubrir nuevos mundos han llegado a su fin ya que no existe nada, dentro de este planeta, por descubrir, aunque sí por construir.

Hace algunos meses salía a la luz la intención del Grupo Redis 6, una empresa promotora inmobiliaria valenciana, de construir una isla artificial frente a la playa de la Malvarrosa. A simple vista podría ser uno de los macroproyectos urbanísticos acordes con la línea política del Partido Popular, aunque los políticos todavía no se han pronunciado al respecto, principalmente por no remover la controversia social y medioambiental que ha surgido entorno a este proyecto.

La séptima edición del Salón Inmobiliario Urbe, celebrado en Valencia durante el mes de noviembre, fue el escenario que acogió la presentación de Isla Luna, a cargo del Director General, Oscar López, y sus arquitectas, Clara González y Chelo Penades. Según el proyecto, esta isla artificial ocuparía 1.8 millones de metros cuadrados de superficie y estaría situada a un kilómetro de la playa de la Malvarrosa. A pesar de que las primeras voces han tachado el proyecto de “gueto para ricos”, la inmobiliaria defiende que sería “un barrio más” de la ciudad con capacidad para albergar a un total de 1.000 familias. Así, un tercio de la isla se destinaría a viviendas, de las que entre el 25 y el 30% estarían catalogadas como viviendas sociales, con un precio mínimo de 300.000 euros. En los dos tercios restantes se ubicarían hoteles, restaurantes, museos, hospitales, complejos educativos y deportivos. El enclave estaría conectado con la ciudad a través de un viaducto principal con carriles para autobuses, tranvías, vehículos, bicicletas y peatones. Mientras que en la isla, las calles se sustituirían por puentes móviles y algunos de los edificios dispondrían hasta de sus amarres propios.

En cuanto a la inversión necesaria, Óscar López aseguró que cuenta con el apoyo de “inversores españoles para cubrir los 5.000 millones de euros” que costaría el proyecto. Pero además, y según defienden sus creados, serviría como “ingreso directo a las arcas gubernamentales, por medio de contribuciones especiales”, por lo que la isla contaría con infraestructuras y servicios públicos suficientes para poder ser totalmente independiente. Mientras que la duración de las obras se podría prolongar entorno a 13 años.

Sin embargo, todavía no se ha producido ningún contacto con las instituciones públicas para tramitarlo. Y su aprobación puede ser más que costosa puesto que este proyecto contraviene la Ley de Costas, en la que se elimina “la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción de dominio público como consecuencia de la realización de obras, ya que estas actuaciones proporcionan frecuentemente cobertura a operaciones de especulación inmobiliaria”. Por tanto, para poder construir Isla Luna sería necesario que la normativa hiciese un paréntesis ya que el 60% de la isla se ubicarían en aguas interiores, por lo que es competencia estatal.

Esta misma ley, del 28 de julio de 1998, reconoce que “España es uno de los países del mundo donde la costa, en aspecto de conservación del medio, está más gravemente amenazada, y hora es de poner fin a su grave y progresivo deterioro y a las alteraciones irreversibles de su equilibrio”. Vicent Torres, representante de la Plataforma Fòrmula Verda, también manifestó que el impacto ambiental de la isla artificial sería “dos veces y media más que el de la nueva marina de la Amarica 's Cup”, además de “los riesgos que supondría para la circulación de las corrientes, la flora y la fauna marina”.

También el Parlamento Europeo podría suponer un importante obstáculo ya que el pasado mes de junio aprobó una resolución en la que condenaba “los proyectos de urbanización masivos”, principalmente en la Comunidad Valenciana , ya que “no responden a las necesidades reales de la población y tienen efectos desastrosos a nivel medioambiental, histórico y cultural”. Asimismo, la Comisión Europea ya ha denunciado en reiteradas ocasiones la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por entender que incumple la Directiva sobre contrataciones públicas.

Otra de las posibles trabas es su más que dudoso interés general, según los impulsores, los edificios serían de interés público y atractivo turístico, pero según los vecinos de la Malvarrosa , agrupados en la Associació d'Amics i Veïns de la Malvarrosa y representados por Daniel Galvez, les parece un “proyecto desproporcionado”, por lo que se posicionan en contra de su construcción. Galvez añadió que “el supuesto interés general de esta isla no obedece a los intereses del barrio, aunque sí se corresponde con los intereses de los políticos que nos gobiernan”.

Ante la posible denegación del proyecto, el Director de la promotora se muestra tajante: “ya existen unas 300 islas artificiales en países como Dubai, Estados Unidos o Polonia, y, en el caso de que no se autorice en Valencia, es un proyecto perfectamente exportable”.