El Plan Nacional sobre Drogas
El congreso de los Diputados en octubre de 1984, aprueba la elaboración de un plan de prevención contra la droga en el que se contempla la reinserción de los drogadictos. Se constituyó para este fin un grupo de trabajo interministerial y se encomendó la coordinación del mismo al Ministerio de Sanidad.
Las competencias para luchar contra las drogas están repartidas entre la Administración Central, la Autonómica y la Local. Una política general en este campo, se explica en el Plan, contribuirá a reducir el consumo de sustancias que dañan la salud individual y colectiva, provocan procesos de marginación social, deterioran la seguridad ciudadana y vulneran la autonomía del individuo.
Las medidas incluidas en el Plan se dirigían prioritariamente a conseguir los siguientes objetivos:
- Reducción de la oferta y la demanda.
- Disminución de la inseguridad ciudadana.
- Oferta de una red pública de servicios de atención.
- Coordinación y cooperación de las Administraciones e instituciones sociales implicadas en el problema.
Todas las medidas debían ser contempladas bajo un triple enfoque: adecuación a la realidad a la que pretenden responder, coherencia en su desarrollo e integración en un plan conjunto.
Las medidas contempladas en el Plan se desarrollan a través de cinco grandes apartados:
Prevención. La acción preventiva se desarrollará en el marco de una política integral de educación para la salud y el bienestar. Para ello se tendrá en cuenta los dos factores que se sitúan siempre en el origen de las drogodependencias: la disponibilidad de la droga y un modelo de sociedad, progresivamente consumista.
Asistencia, que requiere un enfoque psicosocial. El objetivo de la misma es, en términos generales, la abstinencia y la reinserción. Para diseñar la asistencia se plantean tres premisas básicas: la complementariedad entre servicios de salud y servicios sociales para la elaboración de programas terapéuticos, la potenciación de las redes generales de servicios asistenciales, frente a la creación de servicios paralelos especializados y por último la promoción de fórmulas alternativas al internamiento fomentando la asistencia en el campo familiar y comunitario.
Actividades de soporte. Entre las deficiencias observadas en el abordaje de los problemas derivados del consumo de drogas, destacan por su repercusión, la formación del personal encargado de realizar las diferentes actividades y la exigencia de un sistema informativo que permita evaluar la situación actual y la eficacia de las medidas que se proponen, así como la investigación permanente que debe ser potenciada tanto en lo que se refiere al conocimiento de la realidad como en lo correspondiente a investigaciones aplicadas.
Colectivos específicos. Por la especial significación y características que presenta el consumo de drogas y su tratamiento, se contemplan en el Plan medidas particulares para tres colectivos de población: menores de reforma, reclusos y fuerzas armadas.
Coordinación. Las distintas Administraciones Públicas deben coordinar su actuación e instrumentar su cooperación. En este sentido, se insiste en la necesidad de que intervengan coordinadamente los diversos sectores con competencias en esta área. La coordinación se considera como lo más importante en las actividades de prevención, represión, tratamiento y reinserción social de los toxicómanos y una de las consignas que más se recalcan en todas las reuniones nacionales e internacionales. Solo así será posible formular una política coherente que permita orientar racionalmente el conjunto de programas del Estado, así como establecer con carácter general, mecanismos de evaluación y control que midan no sólo la eficacia de los programas sino también su impacto.
En la Comunidad Valenciana se aplicaron las medidas del Plan a través de la Oficina del Comisionado de Lucha contra la Droga, y en 1986 la Generalitat Valenciana aprueba el Plan Autonómico Valenciano de Lucha contra la Droga que tuvo como consecuencia más inmediata la aprobación del decreto 232/1991 de 9 de diciembre, en el que el Consell de la Generalitat creó una organización político administrativa propia.