Modelo ético-jurídico.

Se sustenta en la consideración de que el abuso de sustancias ilegales es, en sí mismo, una conducta delictiva causante de las drogodependencias, y ante la que se deben adoptar medidas punitivas.

 La sustancia se identifica como el agente corruptor y, consecuentemente, el sujeto se identifica como un delincuente responsable de su adicción. Por lo tanto, deben divulgarse las consecuencias negativas de las drogas, destacando tanto sus efectos nocivos como las penas reglamentadas que acompañan  a su cultivo, producción, distribución, venta, uso y posesión.

 En cuanto a las actuaciones preventivas puestas en marcha, éstas se dirigen a la sustancia, centrándose básicamente en impedir el inicio del consumo de drogas y primando una estrategia informativa sobre los riesgos penales asociados al consumo. En la práctica, estas actuaciones se concretan fundamentalmente en charlas en los colegios por parte de agentes del orden público.