4.3. Nuevos actores y nuevos conflictos por el uso de los
espacios periurbanos:
La heterogeneidad social de los espacios rurales periurbanos está
en la base de los fuertes antagonismos que en ellos aparecen entre los habitantes
autóctonos o antiguos y los exurbanitas, con un nivel adquisitivo superior y
con un modo de vida totalmente urbano que se traduce en un determinado tipo de
demanda de servicios públicos y privados.
Otro tipo de conflictos es el relacionado con el cambio de uso del
suelo, entre la actividad original, la agricultura, y los nuevos usos o entre
estos últimos. En las áreas periurbanas españolas los municipios tienen un alto
grado de autonomía, con estrategias y objetivos específicos cuya evolución está
determinada por las relaciones de poder que se ejercen en el ámbito local,
relaciones de fuerza en las que también intervienen actores u organismos
externos más o menos próximos. Es el mercado del suelo el elemento principal
alrededor del cual se organizan los grupos sociales y sus actividades, donde
aparecen las rivalidades y se establecen las alianzas.
Philippe
Cadène en el análisis de los espacios periféricos a diez aglomeraciones urbanas
francesas, demasiado próximos para escapar a la presión urbana y lo
suficientemente alejados para que no exista un frente urbanizador social y
espacial que les confiera un carácter urbano en un futuro inmediato, distingue
hasta seis grupos de actores en la afectación del espacio en función de:
·
Su posición social y profesional.
·
Su posición en relación con la propiedad
del suelo.
·
El grado de integración en la
colectividad.
·
Su lugar de residencia habitual.
·
La edad.
·
La composición y el origen de las
familias. (Cadène, 1990: 238)
Los
seis grupos de actores pueden desagregarse de acuerdo con la actitud mostrada
frente a la oferta de terrenos y la urbanización de éstos, teniendo en cuenta
que la presencia de la totalidad de ellos no tiene porqué darse en cualquiera
de estos municipios periurbanos:
·
Cuatro de ellos con actitudes favorables:
–
Agricultores ancianos sin sucesión en la
actividad, a menudo pobres, próximos a su edad de retiro o ya jubilados.
–
Descendientes y herederos de agricultores
que no tienen la intención de proseguir con las explotaciones agrícolas o bien viven
fuera del municipio.
–
Pequeños propietarios que no trabajan sus
tierras.
–
Grandes propietarios que a pesar de su
apego patrimonial aceptan a veces vender parte de sus tierras.
·
Los otros dos grupos tienen estrategias
tendentes a la regulación o al bloqueo de la oferta de suelo o a la
urbanización:
–
Agricultores activos, normalmente jóvenes
o más mayores que están preparando la sucesión en la actividad para sus hijos.
–
Nuevos residentes que han huido de la
ciudad y pretenden mantener el paisaje que les ha atraído.
Asimismo
distingue tres grandes tipos de conflictos que concurren en la afectación del
espacio municipal o derivan de la urbanización de éste:
·
Conflictos relacionados con proyectos
supramunicipales de ordenación del territorio:
En este nivel los actores
no se identifican con ninguno de los seis grupos locales anteriormente
descritos. Son responsables administrativos o políticos de las instituciones
implicadas en los proyectos de infraestructuras y equipamientos o en los planes
de ordenación del territorio y de los recursos como son, según la escala para
el caso español, los ministerios (estatal), las consejerías (autonómica), las
diputaciones (provincial) o los ayuntamientos de los municipios afectados
(local). La población local tiene poco poder de decisión a este nivel de
conflictos, en la mayoría de los casos los proyectos y planes son impuestos sin
posibilidad de debate.
Las desavenencias surgen
por la construcción de las vías de comunicación y de determinados equipamientos
o dotaciones y por la voluntad de liberar espacios para la urbanización por un
lado y de las intenciones de salvaguardar determinados espacios por otro,
independientemente de quienes sean los que persigan un objetivo u otro. Por
ejemplo, la decisión política de construir una carretera o autopista puede
chocar con el deseo de conservación de las zonas agrícolas o naturales de las
asociaciones de agricultores o de los grupos ecologistas, o bien, el afán por
urbanizar una zona costera de marjales puede topar con preceptos legales de
conservación de estos espacios. Así vemos cómo la administración, en sus
distintos niveles puede aparecer como preservadora o destructora del espacio
agrario o natural.
Generalmente los proyectos
supramunicipales se justifican en aras del bien público lo cual es normalmente asumido por la
población en su conjunto, el problema es el trazado de las infraestructuras de
transporte, la ubicación de los equipamientos públicos o la extensión y los límites
de las zonas a proteger. Por lo que, a veces, la presión de los grupos de
opinión (sindicatos, asociaciones de vecinos, ecologistas…) hace que los
organismos supramunicipales abran la negociación a un mayor número de actores
para evitar bloqueos o movilizaciones públicas, lo cual suele terminar con
modificaciones más o menos sustanciales del proyecto original.
·
Conflictos relacionados con el dominio y
la ordenación del espacio municipal:
En este caso los actores
pertenecen a las colectividades locales y pueden identificarse con los seis grupos
precitados que se mueven en función de sus intereses los cuales pueden ser
comunes a dos o más de estos grupos.
Philippe Cadène señala dos
situaciones según la evolución de la urbanización municipal:
-
En los municipios donde ésta progresa
rápidamente los grupos favorables hacen triunfar sus aspiraciones controlando
el ayuntamiento en el que sus representantes tienen la mayoría y procuran
satisfacer las demandas de sus electores, o más bien valedores, con estrategias
muy precisas para aumentar la oferta de terrenos maximizando los beneficios de
la venta. Operan como si se tratase de un «sindicato de propietarios» cuyo
instrumento principal es el Plan General de Ordenación Urbana que es donde se
plasma la política urbanística municipal.
La zonificación prevista
para el crecimiento urbano municipal en el plan es fuente de conflictos entre
los grupos partidarios de la urbanización y también dentro de ellos, ya que
ésta dice por donde debe expandirse y qué zonas quedan excluidas lo cual supone
escoger entre los interesados a quienes beneficiar y a quienes perjudicar.
Otras veces los conflictos
aparecen cuando desde una instancia administrativa más alta a la local se
establecen normas o leyes urbanísticas que imponen límites o condiciones a la
expansión urbana del municipio. Por ejemplo, y sobre todo en municipios
periurbanos donde a veces se llega a la conurbación –conruración– física, los planes generales de
municipios colindantes deben ser coherentes en sus fronteras, es decir, no
debieran lindar una zona industrial de uno de ellos con una zona escolar del
otro. Otro ejemplo, en nuestro caso, sería la obligación de todo plan municipal
de tener parte de su suelo sometido a especiales medidas de protección.
Los grupos reacios a la
creación de polígonos de expansión urbana utilizan los cauces de participación
previstos por la ley en la elaboración de los PGOU’s pero rara vez consiguen
frenar la tendencia ya que sus reivindicaciones tienen escaso eco entre los
ediles de la corporación municipal.
-
En los municipios donde se da una
agricultura de fuertes rendimientos y además el número de nuevos residentes es
importante y por tanto han conseguido influir en las decisiones municipales,
podemos encontrar situaciones de auténtico bloqueo, o cuando menos,
restricciones fuertes a la oferta de suelo urbanizable. Normalmente esta
política es el fruto de una alianza entre agricultores y recién llegados, el
problema es que los intereses de ambos grupos no coinciden enteramente y los
valores en absoluto ya que mientras unos esperan mantener un paisaje limpio y
natural, los otros sólo quieren explotar la tierra lo más intensamente posible
pues en ello están sus intereses materiales. Para unos el espacio municipal es
un marco de vida elegido por sus condiciones ambientales y de tranquilidad
mientras que para los otros es un espacio para su explotación. Así los
conflictos también aparecen entre quienes se oponen a la urbanización. Su
alianza presenta pues debilidades importantes.
·
Conflictos derivados de la urbanización
del espacio municipal:
Conforme crece el espacio
urbanizado y el número de nuevos residentes surgen nuevos conflictos:
-
Diferencias de vecindad relacionadas con
las dos formas de uso del espacio rural periurbano, espacio de actividad
productiva, no sólo agrícola, y de residencia privilegiada para los recién
llegados que se quejan de las prácticas agrícolas como el ruido de las
máquinas, los malos olores de abonos y pesticidas o las construcciones agrarias
que afean el paisaje. También se lamentan de los polígonos industriales y de
servicios que aparecen junto a los cascos residenciales, tan sólo separados por
una calle amplia o una estrecha zona verde, que contribuyen al incremento del
tráfico rodado en el municipio. Los agricultores por su parte se sienten
molestos con la costumbre de pasear por el campo de los nuevos vecinos, lo cual
repercute en las cosechas y en las vallas y empalizadas que construyen para
protegerlas, y conforme se incrementa la población adventicia aumentan sus
recelos pues con su llegada los precios de la tierra se elevan y así no pueden
aumentar sus explotaciones, más bien al contrario, las zonas residenciales, los
polígonos industriales, las grandes superficies comerciales, las carreteras…, se
hacen a costa de las mejores tierras. «La
periurbanización acelera la desposesión rural». (Barrère, 1988: 62)
Claro que no todos los
conflictos de vecinazgo están en relación con la actividad y la residencia, «el discurso rural opone fuertemente a los
recién llegados con los autóctonos» (Bonnain,
1990: 205), oposición que responde básicamente a
las diferencias de comportamiento, de nivel de vida, de cultura. Las reglas de
la sociabilidad local son desconocidas para la mayoría de los nuevos
residentes, los cuales a pesar de sus intenciones de integrarse en la
colectividad local, cuando las conocen tampoco las aceptan en su totalidad pues
son vistas como una merma de su libertad. Los antiguos residentes, sobre todo
los ancianos, critican el modo de habitar sus casas, la forma de alimentarse,
el modo de vestir, los hábitos de ocio, la educación que dan a sus hijos y los
comportamientos desacordes con su condición de clase de los recién llegados.
Los jóvenes son más tolerantes puesto que son los primeros en adoptar el modo
de vida urbano y son «pieza» clave para la futura integración de los nuevos
residentes.
Otro punto de
confrontación, muy importante en municipios periurbanos con un marcado carácter
rural, es esa sutil xenofobia de los autóctonos que llaman forastero a todo
aquél que no tenga varias generaciones de antigüedad en el pueblo, aunque haya
nacido o viva muchos años en él y que lógicamente es extrapolable a los recién
llegados.
-
Las reivindicaciones de equipamientos y
servicios por parte de los recién llegados, necesarias para poder seguir
llevando un estilo de vida urbano, son otro tema de enfrentamiento con los
vecinos autóctonos o antiguos acostumbrados a una vida más austera. Algunas de
estas reivindicaciones también son asumidas por el resto de la colectividad
como la escuela, el instituto de enseñanza secundaria o la ampliación de los
servicios sanitarios. Otras como el comedor escolar, las pistas polideportivas,
las piscinas públicas… pueden encontrar apoyos entre los habitantes
originarios, jóvenes o pertenecientes a un estrato social más elevado, pero la
mayoría se opone ya que supone un aumento de los gastos municipales lo cual da
pie a otro tipo de conflicto, el relacionado con:
-
Las tasas y los impuestos municipales que
necesariamente han de incrementarse para poder hacer frente a los gastos
relacionados con la construcción de los equipamientos y con la dotación de los
servicios reivindicados. Por regla general los costes derivados de estas nuevas
demandas sólo son asumidos en parte por los ayuntamientos, saliendo el resto de
subvenciones o presupuestos de otras instituciones (consejerías, diputaciones…)
de modo que la elevación de la fiscalidad municipal no es tan onerosa para los
convecinos pero a pesar de ello «es un
asunto simbólico que suscita rencores tenaces». (Cadène, 1990: 248)
Todos estos conflictos, sobre todo los
de los dos últimos grupos, tiene su máxima expresión en las elecciones
municipales y en la configuración de las mayorías en los ayuntamientos donde
podemos encontrar, en el conjunto de los municipios periurbanos, una gran
diversidad de pactos para alcanzar estas mayorías, a menudo pactos «contra
natura», lo cual evidencia que en las elecciones municipales las ideas
políticas de los elegidos pesan menos que las opciones de gobierno real, y así
también podemos encontrar situaciones en que con una similar composición y una
alcaldía del mismo color, la política municipal sea muy distinta en uno y otro
municipios vecinos. Todo esto hace que la intensidad y las formas de la urbanización
varíen de una forma drástica de unos municipios periurbanos a otros.